Trabajo de la alumna Isabella Arévalo sobre el debate parlamentario que llevó a tomar la decisión de incluir en la Constitución de 1931 la expulsión de España de la Compañía de Jesús. Utiliza fundamentalmente la fuente primaria de los discursos de las Cortes (octubre de 1931) y decreto de disolución de enero de 1932.
Los artículos previos fueron sujetos a discusión en las Cortes, donde Azaña formalizó su posición con respecto al tema mediante un discurso el día 13 de octubre de1931. En este discurso hace referencia a varios puntos claves que ponen en evidencia las razones por las que unos de los pilares de la República era el anticlericalismo. Primero, Azaña dice lo siguiente: «No tenemos frente a las órdenes religiosas ese principio eterno de justicia, detrás del cual deberíamos ir como hipnotizados…las órdenes religiosas tenemos que proscribirlas en razón de su temerosidad para la República» (Azaña, 1931). Este fragmento del discurso de Azaña refleja que una de sus razones para defender la disolución de los jesuítas es que, hasta el momento, el clero estaba por encima de la ley. Esto es considerado perjudicial para la República debido a que la República busca ser la fuerza mayor en España. También cita una parte del artículo 26: «Disolución de aquellas órdenes que…se preste otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado» (Azaña, 1931). Esta cita de Azaña refleja en cierta medida el temor del ala más izquierdista de los republicanos en permitir a los católicos mantener sus prácticas, que en muchos aspectos, se oponían a lo que defendían aquellos del partido de Azaña. Al saber que no podrían ejercer ningún poder absoluto sobre estas organizaciones, se considera que lo más acertado es evitar los posibles peligros que implican las prácticas y libertad de la Compañía de Jesús suprimiéndolas completamente, convirtiendo ilegal su actividad en el territorio español.
El mayor peligro que constituye la Compañía de Jesús, según Azaña, es el adoctrinamiento de los jóvenes. Republicanos como Azaña temen que los jesuitas inculque valores e ideas monárquicos y más conservadoras. Incluso, a pesar de que algunos políticos consideraron extremo declarar la disolución de esta órden religiosa, como fue el caso de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, Azaña se mostró firme a la idea, como lo refleja en su discurso. Logra reflejar esto mediante el énfasis que hace en la idea de incluir en la Constitución la disolución franca y clara, sin dejar ambigüedades. Igualmente, admite que en el caso de hacer alguna permisión con respecto a otras órdenes religiosas, sería para mantener la reputación de la República: «Que la República gaste su prestigio en una empresa repugnante”, “no puede por menos de perjudicarnos» (Azaña, 1931).
En su discurso, Azaña resume el problema de la iglesia como: «un vehículo de proselitismo que nosotros no podemos tolerar» y «el peligro monástico». Otro punto importante de Azaña fue el siguiente: «ni mi partido ni yo...suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las Órdenes religiosas el servicio de la enseñanza». Este argumento es la continuación de la idea de frenar el «proselitismo» de la iglesia. Añadiendo a lo anterior, Azaña hace referencia a la acción benéfica, y considera que las acciones benéficas del clero pueden ser asumidas por el Estado. A través de este discurso, se podría inferir que Azaña estaba dispuesto a hacer lo necesario, sin “destruir” la imagen de su partido, para controlar a la iglesia. Considerando el principio de libertad con el que se creó la República, suprimir la educación privada de la iglesia va totalmente en contra de la idea del “individuo libre”. Tal vez al haber invertido más tiempo en el progreso de sus propios proyectos, en vez de cortar los planes de otros, la República podría haber tenido resultados distintos, y por ende, una vida más longeva.
De cierto modo, este anticlericalismo incluso se opone a los principios de libertad que decía defender el partido Acción Republicana de Azaña, teniendo en cuenta que el partido de Azaña surgió bajo la dictadura de Primo de Rivera en 1925, ejerciendo de oposición al régimen del momento, como en este periodo es el caso de los jesuítas. Azaña, por lo contrario, se defiende con el siguiente argumento: «A mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública». Los esfuerzos destinados al anticlericalismo finalmente pudieron haber sido contraproducentes para la República. Incluso, algunos religiosos que hubieran estado dispuestos a reformar y modernizar el país, se tuvieron que retractar debido al fuerte anticlericalismo.
Por otra parte, en las Cortes, los diputados vascos y navarros se posicionaron a favor de la iglesia, considerando sus ideales carlistas. Un gran defensor de la iglesia, fue el político vasco tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui. En el Congreso de los Diputados expresó lo siguiente: «Esto es lo que tenéis: odio a la Iglesia, a la que veis representada en la Compañía de Jesús (...). Vosotros veis en la Compañía de Jesús (...) esa formación de carácter, de hombres viriles y enérgicos, de hombres llenos de convicciones y amantes del estudio y de la cultura» (Oreja, 1931). De cierta forma, el odio al que hace referencia el vasco evitó que cristianos o católicos que veían en la República oportunidades de progreso fueran partícipes de las reformas del nuevo gobierno. Esto es debido a que, a pesar de que uno de los pilares fundamentales de la República era la libertad individual, y la ola antirreligiosa iba en contra de dicho principio. Por eso, muchos religiosos se sintieron incluso defraudados por la República, ya que la República no supo crear un margen entre la iglesia y la monarquía, sino que decidió optar las medidas más extremas.
La cercanía entre los vascos y los jesuítas se debe al origen del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Como lo indica su nombre, San Ignacio era del barrio de Loyola ubicado en el municipio guipuzcoano de Azpeitia del País Vasco. Por esto, para extender la protesta contra el artículo 26 de la Constitución, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura junto a otros 42 diputados que incluían vascos y navarros, decidieron abandonar el Congreso.
Finalmente,
la última expulsión de los jesuítas se formalizó el 23 de enero de 1932, al Azaña
entregar al ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, el documento oficial que
ordenaba la disolución de la Compañía de Jesús en territorio español. Esta separación
extrema entre la República y la iglesia fomentó el resentimiento y el descontento
de ya presente en la población española que finalmente dio paso al estallido de
una guerra.
Bibliografía:
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República
española, 55, 13 de octubre de 1931, pp.
1666-1672.
https://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491307/Segunda_Parte/Documentos/1DiscursoAzana1931.pdf
BOE. Ministerio de Justicia. 24 de enero de
1932.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1932/024/A00610-00611.pdf.
Congreso
de España. Constitución de la República. 9 de diciembre de 1931.
https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf.
Bastante,
J. La última expulsión de los
jesuítas. ABC. 21 de enero de 2007.
https://www.abc.es/sociedad/abci-ultima-expulsion-jesuitas-200701210300-1631031233673_noticia.html.